El senador con licencia por Nuevo León cuestionó que el Gobierno estatal ofrezca trato preferencial en trámites e inspecciones a empresas que aportan recursos a Ponte Nuevo y pidió a la Fiscalía investigar si existe alguna conducta ilícita.
La promesa de Samuel García de dar “trato preferencial” a las empresas que apoyan económicamente proyectos de su Gobierno desató una nueva confrontación política en Nuevo León. Waldo Fernández acusó al mandatario de aplicar a los empresarios una lógica de “cooperas o cuello” y consideró que la medida podría convertirse en una forma institucionalizada de presión desde el poder público.
La polémica surgió después de que García anunciara el pasado 21 de agosto que busca mantener de manera permanente Ponte Nuevo, programa de colaboración con la iniciativa privada que originalmente estuvo ligado a proyectos de mejoramiento urbano rumbo al Mundial de Futbol de 2026. Durante el encuentro con empresarios, el gobernador afirmó que este año el esquema reunió alrededor de 500 millones de pesos con la participación de 90 empresas.
Como incentivo para mantener las aportaciones, García planteó ampliar mecanismos como “Cero Clausuras” y ofrecer a las empresas participantes facilidades para agilizar trámites, permisos e inspecciones, además de canales de atención inmediata ante posibles actos de corrupción o extorsión cometidos por funcionarios.
El punto que generó cuestionamientos fue la afirmación del mandatario de que las compañías participantes tendrían un “trato preferencial” frente a actos de autoridades estatales por haber ayudado a Nuevo León.
Para Fernández, senador con licencia por Nuevo León y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el Gobierno no puede diferenciar la atención que brinda a los particulares dependiendo de si aportan o no recursos a sus programas.
“El cobro de piso y la extorsión se están convirtiendo en una política pública de Samuel García”, acusó el legislador.
Fernández resumió el esquema con una frase: “¿Cooperas o cuello?”, al considerar que un empresario podría interpretar que colaborar económicamente con la administración estatal le garantiza facilidades que deberían otorgarse en igualdad de condiciones.
El senador con licencia señaló que el problema adquiere mayor relevancia porque el mismo Gobierno que recibe las aportaciones tiene facultades para realizar inspecciones, autorizar permisos, imponer sanciones y efectuar otros actos administrativos sobre las empresas.
Fernández pidió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León revisar los alcances del anuncio y determinar si existe alguna conducta que amerite una investigación.
