Jóvenes en la política: la deuda pendiente en el Estado de México que el PVEM busca saldar
En el Estado de México, donde una de cada cuatro personas es joven, el acceso de las nuevas generaciones a los espacios de poder sigue siendo limitado. Aunque participan activamente en campañas, movimientos sociales y causas ciudadanas, su presencia en cargos de decisión continúa siendo marginal.
Ante este escenario, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad impulsa una iniciativa que busca abrir espacios reales para la juventud dentro de la política institucional.
El problema no es la falta de interés, sino que no se les abren puertas. No queremos jóvenes en la foto, queremos jóvenes tomando decisiones
“El problema no es la falta de interés, sino que no se les abren puertas. No queremos jóvenes en la foto, queremos jóvenes tomando decisiones”, señaló el dirigente estatal del partido, José Alberto Couttolenc Buentello.
La propuesta, presentada junto con el grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local, plantea que al menos el 3% de las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos sean destinadas a personas jóvenes. Además, busca que ese mismo porcentaje del financiamiento público de los partidos se utilice para su formación política, capacitación y desarrollo de liderazgos.
La iniciativa es impulsada por la diputada Alejandra Figueroa Adame, la legisladora más joven de la actual Legislatura, quien ha insistido en que existe una brecha entre participación y representación.
“Las juventudes participan, pero no deciden, y eso tiene que cambiar”, ha reiterado el partido.
Especialistas y organizaciones han advertido durante años que la exclusión de jóvenes en la toma de decisiones limita la renovación política y reduce la capacidad de las instituciones para responder a problemáticas actuales, desde el empleo hasta el acceso a la vivienda o la crisis climática.
En ese sentido, la propuesta no solo apunta a una cuota, sino a un cambio estructural en la forma en que se construye la representación política en la entidad más poblada del país.
Por ahora, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis. Su eventual aprobación dependerá del respaldo de otras fuerzas políticas, en un contexto donde el relevo generacional sigue siendo una asignatura pendiente en la democracia mexicana.
Mientras tanto, el debate de fondo permanece: si los jóvenes ya están en la calle y en las causas, ¿por qué siguen fuera de las decisiones?
Baja California supera 100 mil acciones de vivienda social durante actual gobierno
El gobierno de Baja California informó que superó las 100 mil acciones de vivienda social durante la actual administración, como parte del Programa Estatal de Vivienda impulsado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De acuerdo con autoridades estatales, la entidad es la única en el país que cuenta con un programa de este tipo a nivel estatal, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda digna y con certeza jurídica para las familias.
La gobernadora señaló que, a cuatro años y medio de gestión, se han alcanzado 106 mil 057 acciones de vivienda, de las cuales más de 40 mil corresponden a la construcción de casas nuevas en los siete municipios del estado.
“Esto significa que en Baja California hay alrededor de 424 mil personas que hoy viven en mejores condiciones”, afirmó la mandataria, quien también destacó la coordinación con programas federales como Vivienda para el Bienestar y el Infonavit.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que estas acciones responden a un diagnóstico del rezago habitacional en la entidad.
En cuanto a la distribución, Tijuana concentra el mayor número de acciones con más de 43 mil, seguida de Mexicali con más de 40 mil. En otros municipios como Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe también se han implementado proyectos de vivienda social.
De manera complementaria, el gobierno estatal ha puesto en marcha programas como Casa Fuerte, que ha beneficiado a más de 74 mil personas con mejoras en sus hogares, así como iniciativas de techos solares para reducir costos de energía eléctrica en zonas de altas temperaturas.
Las autoridades invitaron a la población a consultar los desarrollos disponibles a través del portal oficial del Programa Estatal de Vivienda.
INBAL frena obra a Adrián de la Garza en el Arco de la Independencia de Monterrey
Las obras que actualmente se realizan en el Arco de la Independencia, uno de los símbolos más representativos de Monterrey, encendieron las alarmas a nivel federal. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtieron que los trabajos podrían estarse llevando a cabo sin la autorización correspondiente.
A través de oficios enviados al alcalde Adrián de la Garza, ambas instituciones expresaron su preocupación por la intervención del monumento, considerado un inmueble con valor artístico, y exigieron claridad sobre la existencia de permisos oficiales.
El INBAL fue claro: cualquier intervención en este tipo de bienes debe contar con el aval de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI). Sin embargo, hay indicios de que las obras en curso no cuentan con ese visto bueno.
El Arco de la Independencia, diseñado por el arquitecto Alfred Giles y construido por Pedro Cabral a inicios del siglo XX, no es un elemento menor del paisaje urbano, sino parte del patrimonio cultural de la ciudad.
Por su parte, el INAH respaldó la preocupación y fue más allá al pedir la suspensión inmediata de los trabajos. Aunque aclaró que la responsabilidad directa recae en el INBAL, advirtió que intervenir sin autorización federal pone en riesgo el valor artístico y cultural del monumento.
En un oficio fechado el 20 de abril, el organismo exhortó al Ayuntamiento de Monterrey a detener cualquier obra en el Arco y su entorno, así como a regularizar la situación mediante la obtención de permisos y el cumplimiento de criterios técnicos de conservación.
Más allá del trámite administrativo, el fondo del problema es claro: intervenir el patrimonio sin supervisión no solo viola la normatividad, también abre la puerta a daños irreversibles.
Las alcaldías que Morena podría recuperar en 2027
Se acerca el 2027 y el escenario político en la Ciudad de México ya comienza a calentarse. Aspirantes de todos los colores se colocan en el mapa, mientras Morena afina su maquinaria para evitar repetir el tropiezo de 2021. Con el viento a favor que muestran varias encuestas, el partido guinda se perfila para pelear con todo por recuperar varias alcaldías que hoy están en manos de la oposición.
Coyoacán
Una de las joyas que Morena sueña con pintar de guinda. Tras la administración actual de Giovani Gutiérrez (PAN), todo indica que la demarcación podría cambiar de color. Suenan con fuerza nombres como Damián Bichir, Hannah Delamadrid o la periodista y diputada Ana María Lomelí, quienes aportarían visibilidad y arraigo territorial. La batalla se anticipa cerrada, pero el desgaste opositor abre una ventana interesante.
Cuajimalpa
El desgaste del actual alcalde Carlos Orvañanos (PAN) parece estar abriendo la puerta a un relevo. En Morena, dos figuras fuertes se perfilan para tomar la batuta: Adrián Rubalcava (actual director del Metro y exalcalde de la demarcación) y Susana Cueto, quien mantiene una presencia constante en las encuestas internas. La demarcación será uno de los territorios más disputados del poniente capitalino.
Cuauhtémoc
Después de dos trienios en manos de la oposición (primero con Sandra Cuevas y ahora con Alessandra Rojo de la Vega), Morena ve aquí una oportunidad clara de regreso. Arturo Ávila, diputado federal y vocero de Morena, o Dunia Ludlow aparecen como opciones sólidas para encabezar la recuperación. La alcaldía, con su mezcla de centro histórico, turismo y barrios populares, representa un botín estratégico.
Miguel Hidalgo
Aquí la historia depende mucho de quién postule Acción Nacional, pues el actual alcalde Mauricio Tabe no podrá reelegirse. Morena confía en que Víctor Hugo Romo —quien ya gobernó la demarcación— pueda regresar y recuperar el terreno. Las encuestas lo colocan como uno de los perfiles más competitivos del guinda en esta zona.
Morena no quiere dejar nada al azar. El partido sabe que estas cuatro alcaldías son clave para consolidar su dominio en la capital y evitar que la oposición mantenga bastiones simbólicos. Falta más de un año para la elección, pero los movimientos ya iniciaron: trabajo territorial, encuestas internas y posicionamiento público marcan el día a día.
¿Quiénes terminarán siendo los candidatos oficiales? Eso lo definirán las mediciones y las negociaciones internas. Lo que sí es claro es que el 2027 pinta como una gran oportunidad para que el color guinda se extienda aún más en la CDMX
Morena pide austeridad y no comer ansias; algunos aspirantes ensayan campaña
Morena trazó hace apenas unas semanas la hoja de ruta interna con la que pretende llegar ordenado a las elecciones de 2027. El mensaje fue claro desde el Consejo Nacional: evitar adelantamientos, frenar la promoción personalizada y garantizar un “piso parejo” entre aspirantes bajo los principios de austeridad y disciplina partidista.
El acuerdo no solo quedó en lo discursivo. También se estableció un calendario escalonado para la definición de candidaturas: primero las gubernaturas, a partir de junio, y posteriormente diputaciones y alcaldías hacia septiembre. La intención, al menos en el papel, era clara: contener la efervescencia política y evitar que la contienda interna se desbordara antes de tiempo.
Sin embargo, la realidad parece ir por otro camino.
Apenas días después de fijadas las reglas, distintos perfiles del propio partido comenzaron a desplegar estrategias que, sin declararse abiertamente como actos de campaña, operan en los hechos como mecanismos de posicionamiento anticipado. Una dinámica que no solo tensiona los lineamientos internos, sino que exhibe la dificultad de Morena para contener a sus propios cuadros en un momento clave de definición política.
El caso más visible es el de la senadora Andrea Chávez. Su estrategia de acercamiento social mediante unidades médicas y apoyos de salud en Chihuahua desató críticas por su evidente impacto en el posicionamiento de su imagen. Aunque la narrativa oficial ha sido la de una labor social, el tema escaló rápidamente hasta convertirse en un asunto de debate nacional.
La reacción no tardó en llegar. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo: respetar los tiempos y evitar adelantarse al proceso electoral. Una llamada de atención que, más allá de lo institucional, evidenció que el tema ya generaba incomodidad dentro del propio movimiento.
Pero Chihuahua no es un caso aislado.
En Baja California, la senadora Julieta Ramírez ha incrementado su presencia pública mediante la colocación de bardas en ciudades como Mexicali y Ensenada, con mensajes que buscan posicionar su nombre entre el electorado. A ello se suman jornadas de servicios y entrega de apoyos en Tijuana, acciones que han sido interpretadas por sus críticos como parte de una estrategia de promoción política anticipada.
En Guerrero, la senadora Beatriz Mojica también ha sido objeto de cuestionamientos. La entrega de balones personalizados y otras acciones comunitarias, aunque justificadas como apoyo social, han sido señaladas por distintos actores como posibles mecanismos de construcción de imagen rumbo a futuros procesos electorales.
El patrón se repite en otras entidades. En Quintana Roo, el nombre de Rafael Marín Mollinedo ha comenzado a sonar con fuerza. Las versiones sobre la entrega de bienes —que van desde motocicletas hasta electrodomésticos— apuntan, según versiones locales, a una estrategia de posicionamiento con miras a una eventual candidatura.
En todos estos casos hay un elemento común: la línea entre gestión, apoyo social y promoción política se vuelve cada vez más difusa.
Desde el discurso oficial, Morena insiste en la necesidad de mantener la calma. “Hay que estar tranquilos para 2027, aún falta mucho… no coman ansias”, reiteró la presidenta en una de sus conferencias matutinas. Sin embargo, el llamado contrasta con la velocidad a la que algunos perfiles han comenzado a moverse en el territorio.
La Ciudad de México tampoco es ajena a esta dinámica.
En Tlalpan —territorio emblemático dentro del obradorismo— ha comenzado a ganar visibilidad Pedro Haces Lago. Su presencia se ha fortalecido a través de eventos masivos, jornadas comunitarias, la promoción de su libro y la difusión de su imagen en bardas y unidades de transporte. Acciones que, en conjunto, apuntan a la construcción de una base territorial en la antesala del proceso electoral.
A este escenario se suma el diputado Arturo Ávila, quien ha manifestado abiertamente su interés por competir tanto por la gubernatura de Aguascalientes como por la alcaldía Cuauhtémoc en la capital del país. La declaración no es menor: refleja una lógica política en la que el cargo parece secundario frente a la oportunidad de competir, independientemente de las particularidades territoriales o del vínculo con el electorado.
En el fondo, lo que se observa es una tensión natural dentro de un partido que, tras consolidarse como la principal fuerza política del país, enfrenta ahora el reto de administrar su propio crecimiento.
Morena ya no compite solo contra la oposición; también compite consigo mismo.
Mientras la dirigencia intenta imponer orden, los aspirantes aceleran. Mientras se habla de austeridad, algunos perfiles despliegan estructuras de promoción. Y mientras se pide respetar los tiempos, el reloj político parece avanzar más rápido en los hechos que en los acuerdos.
El riesgo es claro: que las reglas internas pierdan fuerza antes siquiera de ser puestas a prueba en un proceso formal.
Porque si algo deja ver este arranque adelantado, es que rumbo a 2027 la disputa no solo será externa. También se jugará —y quizá con mayor intensidad— dentro de Morena.
Infierno fiscal en Asturias: más recaudación, menos oportunidades y una vivienda fuera del alcance
La presión fiscal en el Principado se dispara hasta un 46% desde 2019 sin que mejore la calidad de los servicios públicos. Mientras tanto, el acceso a la vivienda se agrava y empuja a jóvenes y trabajadores a abandonar la región.
Asturias recauda más que nunca, pero esa bonanza fiscal no se traduce en bienestar para sus ciudadanos. Así lo denuncia Andrés Ruiz, economista, diputado en la Junta General del Principado y presidente del Partido Popular de Gijón, quien advierte de un “infierno fiscal” que asfixia a familias y frena el futuro de los jóvenes.
Pero el problema fiscal no llega solo. La crisis de la vivienda se ha convertido en un factor agravante. El impuesto de transmisiones patrimoniales —ligado directamente a la compraventa de inmuebles— prácticamente ha duplicado su recaudación, evidenciando un mercado tensionado donde acceder a una casa es cada vez más difícil.
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El resultado es una tormenta perfecta: más impuestos, precios al alza y menos oportunidades. Jóvenes y trabajadores encuentran cada vez más obstáculos para quedarse a vivir en Asturias, alimentando un problema demográfico que ya es estructural.
Desde el Partido Popular de Asturias apuntan directamente a la gestión del Gobierno de Adrián Barbón. “El problema no es lo que pagan los asturianos, sino cómo se administra ese dinero”, sostienen. Frente a ello, proponen una batería de medidas centradas en aliviar la carga fiscal: rebajar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y reducir la presión sobre la vivienda.
En un contexto de creciente recaudación, la pregunta que sobrevuela el debate es clara: ¿por qué los ciudadanos no perciben una mejora en su calidad de vida? Para Ruiz, la respuesta pasa por un cambio de rumbo. “Asturias necesita soluciones reales”, concluye.
